Javier Cortegoso, Coordinador de la Red Jesuita con Migrantes comparte las realidades complejas a las que se enfrentan los refugiados Venezolanos y el rol urgente que debe asumir la comunidad internacional en ofrecer protección comprensiva tal y como acceso a territorios y asilo.
Cerca de 6 millones de personas venezolanas han salido de su país durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la inmensa mayoría se han visto obligadas a huir, especialmente desde el 2016. Este éxodo es masivo, precario y multicausal. A pesar de la COVID-19, la dinámica del flujo ha recuperado su fuerza expulsora. El porcentaje muy mayoritario de personas venezolanas que caminan, o se han instalado fuera de Venezuela, lo hacen en los países vecinos y en territorio latinoamericano. La diáspora venezolana compite con la de Siria por encabezar el ranking mundial de personas con necesidad de protección internacional. Mientras, la situación de Venezuela sigue deteriorándose en términos incompatibles con proyectos de vida dignos. Si la cuestión es vivir ¿no debería la comunidad internacional ofrecer una respuesta humanitaria, de pleno acceso a derechos y que garantice la protección debida? Con motivo del día mundial de la persona refugiada, debemos recordar que el éxodo venezolano es un éxodo de personas que buscan refugio.
Desde nuestra perspectiva de Red centrada en personas Migrantes, podríamos tener la tentación de fijar la mirada, solo, en la migración forzada como consecuencia de un país roto en lo público y lo social. No nos faltaría trabajo. Pero a pesar de la urgencia humanitaria masiva que el flujo venezolano representa como reto; a pesar de las políticas restrictivas y las diversas estrategias de rechazo y expulsión de países de tránsito y destino; a pesar de la creciente tendencia política, mediática y social que abona la xenofobia y la criminalización de la migración; a pesar de los altísimos riesgo en la ruta, especialmente de determinados colectivos más vulnerables dentro del flujo; a pesar de la precarización general de las condiciones de los caminantes, etc.,. A pesar de todo ello no podemos dejar a un lado la crisis que se vive al interno de Venezuela. Se trata de una profunda crisis multidimensional, en la que la migración forzada es solamente una de sus expresiones. Un cambio radical en la situación interna del país es totalmente inaplazable. Venezuela es hoy un entramado de razones que obliga a huir del país – cada vez en peores condiciones – o que condena a una vida sin posibilidades a millones de venezolanos que permanecen dentro. Nuestra llamada a la protección de las personas venezolanas que han salido no puede callar la responsabilidad internacional, como humanidad, de responder hoy a lo que se vive dentro de Venezuela.
Volvamos al éxodo. En los últimos años, más que un cambio de perfil del que huye, hemos identificado una generalización del perfil, cualquier venezolano es potencialmente un migrante forzado, porque la imposibilidad de acceder a derechos o la posibilidad de ser sujeto de un riesgo veraz contra su vida en el país no son excepciones, sino rasgos generalizados. Hace mucho que tener condiciones para el camino no es un determinante para tomar la decisión de moverse, la llamada migratoria responde cada vez más a un intento desesperado por vivir, pónganle el adjetivo o el derecho fundamental quebrado que quieran al lado. Esto supone un aumento exponencial del fenómeno migratorio con una ausencia de una verdadera planificación o proyecto de vida como migrante, la migración forzada es constatar que la vida, en determinadas condiciones, ya no puede esperarse más. La vida es ponerse a caminar.
Ligada a la falta de condiciones para emprender el viaje, debemos tener en cuenta que la ruta migratoria, mucho antes que en aeropuertos o cruces oficiales entre países, empieza en la misma puerta de la casa o comunidad de la persona que huye. Hay un tránsito interno en Venezuela hacia las fronteras -que permanece en ocasiones invisibilizado- que supone una enorme dificultad y no es ajeno a altísimos riesgos. Este desplazamiento forzado interno requiere un acompañamiento humanitario y una protección integral. Pero la respuesta es altamente complicada, por la propia escasez de recursos, las limitaciones a los actores humanitarios en Venezuela y la exposición a riesgos desde marcos legales e ilegales en el país.
Las condiciones del tránsito internacional proponen otras particularidades y riesgos, pero se visten con la misma indumentaria de fragilidad, vulnerabilidad y precariedad. Cruzar la frontera (bien de manera regular o por pasos no oficiales), no supone una llegada triunfal a una meta ni implica necesariamente la culminación de un éxito. La situación humanitaria de los caminantes es alarmante, otros actores y situaciones aparecen como riesgo -tramas de tráfico y trata en todo el continente, naufragios en el Caribe, entre tantos otros. No pueden los distintos países, ni la comunidad internacional en su conjunto, abstraerse de una responsabilidad colectiva por este mapa de desastres en las condiciones de la migración. Las políticas restrictivas, el cierre y militarización de fronteras y otras estrategias de disuasión de la migración, son un evento causante de la desaparición y muerte de miles de migrantes, de la situación humanitaria alarmante, de la deportación o el regreso a la “casilla de salida”. La migración forzada venezolana desborda y desbordará cualquier intento de contención mientras las causas raíz de la misma permanezcan.
Los espacios de integración en los países de acogida muestran muy diversas realidades. Más de la mitad de las personas venezolanas que conforman esta migración masiva carecen de una situación regular en el país en el que se encuentran, esto supone una evidente limitación de acceso a derechos y protección. De manera general no hay propuestas políticas de acogida que sean realmente integrales, es decir respondan a las múltiples dimensiones del ser humano, también adolecen de un enfoque diferencial que responda a particularidades de género, de edad, de etnia, de identidad sexual, y así un largo etc. Los medios de vida de las poblaciones migrantes han sido especialmente afectados en la pandemia y el aporte esencial que en muchos casos han prestado (cuidado, alimentación, etc.), no ha sido reconocido. Al contrario, se construyen discursos xenófobos con fines electorales que niegan la condición humana del extranjero y lo identifican como invasor o criminal. Todavía hay territorios que niegan o limitan el acceso a la vacuna por la condición migratoria.
Cada 20 de junio el calendario internacional nos recuerda la realidad de millones de personas refugiadas o con necesidad de protección internacional. La mayoría no alcanzan el reconocimiento de su derecho al asilo. Como ya hizo ACNUR en mayo del 2019, y gran parte de la sociedad civil desde antes, afirmamos que el flujo migratorio forzado venezolano debe ser considerado como un flujo con necesidad de protección internacional, que los Estados deben velar por el acceso a los territorios y a los procedimientos de asilo, que éstos no pueden ser una vía limitativa de otros derechos asociados a cualquier proceso de regularización y acogida integral. Por eso, la Red Jesuita con Migrantes, junto con Magis Americas y otras organizaciones y redes aliadas, en el marco de la Conferencia de Donantes en solidaridad con Migrantes y Refugiados Venezolanos que se celebra en junio en Canadá, aportamos recomendaciones a la comunidad internacional para que realice un giro en su acción política.
Es la vida lo que está en riesgo, y la vida no puede esperar.
